Bajo la consiga “Comprender (y defender) Argentina” el Instituto de Cultura Sociedad y Estado (ICSE) de la Universidad Nacional de Tierra de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur participó de un relevamiento probabilístico nacional en el marco del PIRC-ESA, el programa federal formado por investigadores e investigadoras de quince centros universitarios de todo el país.
El equipo UNTDF-ICSE integrado por los docentes investigadores: Ariel Farias, Julieta López, Nidia Benítez, Joaquín Picón, Cinthia Naranjo; el estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política Enzo García y el director del ICSE Mg. Mariano Hermida, en su calidad de coordinador del proyecto, integraron el Nodo Tierra del Fuego que midió a nivel local los principales ejes de la Ley de Bases.
La ley de bases es el proyecto del Gobierno que incluye una reforma laboral, la eliminación de la moratoria previsional, facultades delegadas que le permiten al presidente Javier Milei eliminar organismos públicos, un régimen de inversiones con beneficios impositivos, y la privatización de empresas públicas. El tema genera diversas disputas en la opinión pública.
Entre los interrogantes mencionados el relevamiento destacó: ¿La ciudadanía argentina abandonó el horizonte de igualdad, la ética de cuidado con niños, niñas, y adultos mayores, la protección de nuestro trabajo y la valoración de la salud y la educación como derechos? El muestreo nacional incluyó el sondeo de una población de 1500 personas de 18 a 69 años, realizada durante abril-mayo de 2024.
Al respecto, el Mg. Mariano Hermida adelantó que “si bien estamos estamos terminando de consistir los datos que arrojó la encuesta, los primeros resultados preliminares nos permiten tener algunas aproximaciones sobre las opiniones o consideraciones de la población en general sobre los temas que están en disputa en el ámbito de la Ley Bases, anteriormente conocida como Ley Ómnibus. Por ejemplo, pudimos conocer que el 83% de la población está en desacuerdo con el arancelamiento de las universidades, o que el 72% está de acuerdo con garantizar una jubilación para quienes no tengan aportes", sostuvo.
Cabe destacar que dicho planteo va en línea con el Proyecto PICTO “La distribución en disputa: las políticas por la igualdad y sus soportes sociales desde la perspectiva del análisis de clase” Programa de Investigación Regional Comparada-Estructura Social Argentina, financiado por la Agencia I+D+i, que lleva adelante el equipo académico fueguino.